Las diputaciones antes señaladas, reunidas hoy en la Casa Museo de los Ingleses de Punta Umbría en la primera reunión de coordinación del 2018, exigirán al Gobierno de España que compense a los ayuntamientos por las pérdidas de ingresos en la recaudación de la plusvalía y que promueva, a la mayor brevedad posible, una iniciativa legislativa de reforma de este impuesto teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional.
El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, ha señalado que “muchos ayuntamientos de Andalucía e incluso de España, a expensas de la modificación de la actual ley que regula el Impuesto de valor de los Terrenos de naturaleza urbana -conocido como plusvalía- han modificado la recaudación de este impuesto, bajándolo o suspendiendo su aplicación para no perjudicar a los contribuyentes”.
"La consecuencia más inmediata ha sido la pérdida de ingresos para las arcas locales, lo que puede derivar en la merma de los servicios públicos", ha indicado Caraballo, asegurando que los ayuntamientos se ven obligados a tomar esta medida "al considerar que se trata de un impuesto injusto, ya que cuando compras, heredas o te donan algún terreno en suelo urbano, no sólo tienes que pagar el IBI de la parcela, sino también el impuesto de sucesiones y la plusvalía del terreno".
Ante esta situación, el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha insistido en que “las diputaciones exigimos al Gobierno Central la compensación a los ayuntamientos del cien por cien de las devoluciones que tenga que realizar por resolución judicial ante las reclamaciones de propietarios a los que se les cobró el impuesto de forma indebida”. Asimismo, y hasta que se publique la nueva normativa, “pedimos que el Ministerio de Hacienda y Función Pública envíe una nota aclaratoria sobre el procedimiento de actuación que debe seguirse hasta la aprobación de la nueva ley”.
El frente común de las diputaciones también se ha dirigido a la eliminación de la regla de gasto. Así, los representantes de las diputaciones reunidas ha recordado que “en torno al 70 por ciento de los ayuntamientos andaluces tienen un superávit que suma casi 1.500 millones de euros -y 7.000 millones de euros a nivel nacional-, pero se ven obligados a tenerlo en los depósitos bancarios, impidiendo que se destine a crecimiento económico o mantenimiento de los servicios públicos".
Otro de los asuntos que se han abordado es la fuga de entidades financieras de las zonas rurales, donde en los últimos años se ha reducido más de un 30 por ciento el número de oficinas. En este sentido, han expresado su oposición ante la anunciada reducción del número de oficinas, por los efectos perversos de la llamada “exclusión financiera”.
Por último, los presidentes de las diputaciones también han abordado las nuevas ayudas de la Junta a la mejora de los caminos rurales de titularidad pública, destacado "el importante impulso del Gobierno andaluz y de las diputaciones provinciales a la cohesión territorial y agrícola a través de estas ayudas".
Los beneficiarios de esta convocatoria son los propios ayuntamientos. Un 60 por ciento de la inversión de cada iniciativa será aportado por la Junta (5 millones de euros procedentes del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020), mientras que el 40 por ciento restante se completará con fondos de la Diputación y de los propios ayuntamientos.