En el caso de las revisiones que competen al Gobierno andaluz, estas actuaciones se materializan a través de controles de condicionalidad en cuyo desarrollo colabora también el Seprona con el fin de lograr homogeneidad en los criterios de aplicación de la legislación.
Actualmente en Andalucía existen cerca de 76.000 equipos móviles de aplicación de estas sustancias que deben cumplir con este requisito pero a día de hoy tan sólo 39.568 están acreditados como aptos. Por esta razón, el consejero Rodrigo Sánchez Haro ha insistido a los profesionales del sector agrícola en la necesidad de realizar esta inspección cuyo objetivo es verificar el estado de funcionamiento del equipo en aspectos tan importantes como la seguridad del operario, la calidad de la aplicación y la seguridad para el medio ambiente.
Esto contribuye no sólo a un uso más sostenible de los fitosanitarios sino también, como demuestran diversos estudios, a un ahorro económico para los agricultores, ya que durante las inspecciones se detectan estados defectuosos de ciertos elementos que provocan un mayor consumo de productos o una mala aplicación de los mismos.
Por su parte, la Consejería de Agricultura realiza controles sobre las entidades encargadas de llevar a cabo las inspecciones en este ámbito. Concretamente, en el año 2017 se han llevado a cabo 37 actuaciones que han provocado 26 peticiones de medidas correctoras sin paralización de la actividad, cuatro solicitudes con paralización temporal de actividad y una suspensión de autorización.
En total, la Comunidad Autónoma andaluza cuenta con 83 empresas autorizadas para realizar las inspecciones técnicas de los equipos de aplicación de fitosanitarios que suman 129 unidades móviles.